El Dr. César Diesel, ministro de la corte, y el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, rubricaron el jueves el convenio mediante el cual la hidroeléctrica entregará al Poder Judicial un total de 250 computadoras, que serán destinadas a los organismos jurisdiccionales y se irá trabajando en la incorporación de más tecnología.

Duarte Frutos manifestó en la ocasión que la binacional busca seguir contribuyendo con el desarrollo institucional de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y esgrimió que la tecnología puede acelerar los procesos, acortar los plazos y satisfacer expectativas sociales. “La demora, el retardo, genera mucha angustia en la sociedad, mucha irritación colectiva inclusive y es muy importante que vayamos incorporando la tecnología, la digitalización en todos los pueblos, tratar de que sea un proyecto global”, agregó.

Al margen de este convenio, ayer coincidentemente se realizó una audiencia en el Palacio de Justicia entre la EBY y el Grupo Nación de Comunicaciones, en el marco de la demanda por desacato que entabló el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini por el incumplimiento de la Binacional de la resolución de la jueza Alice González, quien le ordenó al ente a entregar todos los datos sobre gastos sociales y de publicidad y propaganda entre los años 2019 y 2020.

Durante la ocasión, el jefe de informática de Yacyretá reconoció ante la jueza González que la Binacional no proveyó toda la información requerida por resolución judicial. Ahora la magistrada debe analizar si remite el caso a la Fiscalía por el delito de desacato cometido por la EBY. Lo llamativo es que justo ahora la hidroeléctrica acuerda “ayudar” a la Corte Suprema de Justicia.

Por esto, la hipótesis de inducción el suicidio no corresponde, señaló la fiscal Viviana Sánchez, quien dijo que el dolor que desata el caso, no debe llevar a conclusiones que se aparten de las evidencias que van surgiendo en torno a la tragedia.

“Yo como madre siento profunda tristeza por el desenlace que tuvo. Pero esos niños no merecían acabar así, por problemas ajenos a ellos”, señaló la representante del Ministerio Público.

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La revisión de la computadora y mensajes de celular de Carmen revelan, entre otras cosas, que a las 23:30 de la víspera del hecho, ella escribió mensajes anunciando lo que haría. Antes también realizó confesiones escritas, y verbal , de que en algún momento cometería el terrible acto que al final lo ejecutó.

En el otro frente, la abogada Nenia Martínez, representante de la familia de Carmen, señaló que la “autopsia psicológica” que se realizó con 20 testimonios de personas (parientes y amigos de la extinta) reveló que hubo violencia psicológica contra la joven madre que mató a sus hijos y luego se autoeliminó.

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El primer episodio de robo se verificó a las 20:30 de la noche del lunes, en el estacionamiento del Hospital de Clínicas, en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

La víctima, la pareja de un policía que se hallaba en el nosocomio cuidando a un pariente reportó la sustracción de su vehículo. Dos horas después este fue recuperado en Loma Merlo, Luque. Allí fue interceptado el auto sustraído, que iba manejado por Carlos Andrés Bobadilla, quien al ser preguntado por agentes sobre el origen de la máquina, respondió que no sabia, que a él “le entregaron nomás para que lo traslade a Mariano Roque Alonso”, conforme al primer acta policial. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Publico.

Otro robo denunciado fue el ocurrido en el barrio Herrera de la capital, en donde una mujer reportó que le robaron un automóvil. Tres horas después, la policía recuperó el móvil que esta siendo “refrescado” (estacionado) por los ladrones en el barrio Santa Lucía de Asunción.

Los intervinientes, en ambos casos, resaltaron la gran efectividad de los dispositivos tecnológicos que permiten detector la ubicación de los vehículos robados.

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De frente y con las fuerzas de seguridad peleando la guerra. Así describe el comandante en jefe de Santiago Peña al modo de combate a las estructuras criminales en nuestro país.

La configuración utilizada es la del Consejo de Defensa Nacional, que reúne a todas las agencias de seguridad y no deja espacio para individualidades y ni conquistas personales.

La premisa parte de la base de que, la facilidad con que opera el crimen organizado se debe a que encuentra un Gobierno desorganizado. Por ejemplo, el problema penitenciario tuvo una primera ofensiva con el operativo Veneratio. Además, el tráfico de armas con la operación Dakovo, que permitió el desmantelamiento de una estructura.

Otra medida implementada en el marco de esta lucha fue la reglamentación de la ley de tráfico de armas, una legislación que llevaba 14 años sin este paso. “A nadie le llamó la atención que hace 14 años no se reglamenta, que se ingresaban armas con una facilidad tremenda”, expresó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

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Como otra acción reciente mencionó la expulsión de 25 criminales buscado en el Brasil y pertenecientes a peligrosas facciones criminales del Comando Vermelho y del PCC y la proyección de enviar a más delincuentes.

A FUTURO

La próxima semana se prevé la inauguración de la cárcel de Minga Guazú en Alto Paraná y, en pocas semanas, otras dos en Emboscada. La idea es descomprimir a la población penitenciaria.

Consultado sobre cómo enfrentar la infiltración política en el crimen organizado, contestó: “Son pequeños actos de coraje, nombrar un comandante que es el primero de su promoción y tiene una foja impecable. Donde encontramos debilidad estamos haciendo los cambios”.

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